Desafío de la soberanía tecnológica europea ante la dependencia de la nube extranjera
La creciente dependencia de instituciones gubernamentales y empresas privadas europeas de los servicios de computación en la nube plantea interrogantes sobre la autonomía tecnológica del continente. La Unión Europea está debatiendo una legislación para reducir estos riesgos, lo que implicaría considerables costes económicos.
La concentración de servicios tecnológicos en manos de proveedores extranjeros ha puesto de relieve el dilema de la soberanía tecnológica europea. El sector requiere el uso de infraestructura avanzada, pero esta necesidad implica depender de decisiones y normativas que están fuera del control total del bloque comunitario. Se destaca que la Comisión Europea ha calculado que tres empresas específicas —Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud— concentran por encima del 70% del mercado europeo de servicios en la nube.
Esta dependencia plantea un riesgo que excede la mera competencia de mercado. Los servicios están ligados a normativas de países distintos, lo que podría generar requerimientos de acceso a datos que afectan la continuidad operativa de las entidades dentro de la Unión. Históricamente, la cuota de mercado de las compañías europeas ha experimentado una disminución, pasando del 29% en 2017 al 15% en 2022, y esta proporción no ha logrado recuperarse, según cifras de Bruselas.
En respuesta a esta situación, se ha propuesto una legislación titulada Cloud and AI Development Act (CADA), presentada en junio de 2026. El objetivo de la propuesta es establecer un marco con cuatro niveles de garantías de soberanía. Estos niveles van desde el requisito de almacenar y procesar datos dentro del territorio europeo hasta establecer condiciones más estrictas relativas al control empresarial y la autonomía tecnológica. Las administraciones deberían evaluar sus riesgos y seleccionar el nivel de servicio que mejor se ajuste a sus necesidades.
El desarrollo de esta iniciativa también busca dinamizar la innovación y aumentar la capacidad de centros de datos propios en Europa. Adicionalmente, la propuesta faculta a la Comisión de exigir, mediante actos delegados y previa consulta a los Estados miembros, evaluaciones y medidas de mitigación a determinadas empresas privadas consideradas esenciales, siempre que las circunstancias lo justifiquen.
El impacto económico de implementar estas exigencias ha sido analizado por un estudio del European Centre for International Political Economy (ECIPE), financiado por CCIA Europe. Según los investigadores, la implementación de estas directrices podría suponer una factura de 115.000 millones de euros distribuidos a lo largo de diez años.
Este cálculo se basa en un escenario de aplicación intermedia de las exigencias europe
Fuentes: Xataka
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