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Investigan en Madrid la filtración de agendas y comunicaciones de Zapatero

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias judiciales para investigar el origen y las implicaciones de la filtración de mensajes personales y la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

La apertura de la investigación se produce tras la intervención del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra. Este juez solicitó que se investigaran los contenidos filtrados y se identificara a los responsables ante la posible existencia de un delito de revelación de secretos. La magistrada a cargo del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid ha recibido esta petición, dando inicio a las pesquisas.

El material comprometido incluye conversaciones privadas entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar. Estas comunicaciones, que contienen tanto asuntos profesionales como aspectos de la vida personal del expresidente, circularon en la prensa tras la publicación de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Dicha investigación preliminar puso de manifiesto presuntas influencias que Zapatero habría ejercido con el Gobierno de Bolivia en favor de una empresa peruana, lo que supuestamente le habría generado unos 200.000 euros.

El procedimiento judicial dirigido por Calama sitúa a Zapatero como una figura clave en una trama de tráfico de influencias. Según los datos manejados por la instrucción, esta trama habría procurado beneficios económicos a cambio de la mediación del exmandatario socialista. Los hechos están vinculados, además, al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

A lo largo de la investigación, han aparecido en la esfera pública encuentros y reuniones del exlíder del PSOE con empresarios y altos funcionarios del gobierno, incluido Pedro Sánchez.

En el contexto de estas acusaciones, directivos de Plus Ultra, junto a Julio Martínez Martínez, han reconocido ante el juez el acuerdo de pagar el 1% del rescate a través de la mercantil Análisis Relevante. Los directivos admitieron hacerlo con «plena conciencia» de que estos fondos serían desviados hacia cuentas vinculadas al propio exlíder del PSOE.

A nivel procesal, la apertura de esta investigación ha tenido varias consecuencias. El propio juez Calama accedió a imponer restricciones en el acceso a la información alojada en la nube (Cloud). Actualmente, el acceso a dicha información está limitado únicamente al Partido Popular, que lidera la acusación popular unificada.

Las diligencias judiciales en Madrid buscan esclarecer el alcance de las filtraciones y determinar si existen responsabilidades penales por la difusión de estos datos.

Fuentes: El Confidencial, Europa Press